El 29 de septiembre de 2007 fueron encarcelados, sindicados de rebelión, los líderes campesinos Andrés Gil, Óscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena, dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC). Al mismo tiempo, y en un hecho sin precedentes, la Fiscalía Tercera seccional de Barrancabermeja emitía 18 órdenes de captura contra todos los dirigentes de la ACVC. El comandante del Ejército Nacional, general Mario Montoya Uribe, manifestaba, abrogándose funciones de investigación judicial y refiriéndose a la situación de la ACVC: "nosotros estamos investigando el proceder y la conducta de muchas personas. Así como éstas, es posible que haya otras capturas". En efecto, el 19 de enero pasado fueron apresados Ramiro Ortega y Miguel González Huepa.
Días antes el jefe paramilitar Julián Bolívar, en su versión libre ante los Fiscales que lo investigan por crímenes de lesa humanidad, haciendo de informante, señalaba: "sustento y denuncio mis afirmaciones con argumentos, las actuaciones criminales de varios dirigentes como son: la Unión Sindical Obrera (USO), la Organización Femenina Popular (OFP), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm) y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), por sus vínculos al marxismo armado en Barrancabermeja". Esta versión compromete al Ejército y a la Fiscalía, pues se le está dando credibilidad a las afirmaciones hechas por el jefe paramilitar, hoy desmovilizado, colocando con esto a las víctimas en el plano de victimarios.
La persecución contra la ACVC no es nueva, durante sus 11 años de existencia los miembros de esta organización han sido víctimas de asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos, torturas, bloqueos alimentarios y sanitarios a su región. La ACVC ha denunciado y exigido justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y por el paramilitarismo en el Magdalena Medio. El expediente judicial hace ver a la ACVC como una organización que difama y calumnia sin razón a las Fuerzas Militares. La mayoría de nuestras denuncias han sido verificadas incluso por instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.
Las sindicaciones por el delito de rebelión contra la ACVC, como en ocasiones anteriores, se basan en un montaje judicial alimentado por versiones de desertores de la guerrilla, reinsertados e informantes a sueldo. El expediente de la fiscalía plantea que la ACVC favorece al narcotráfico y a la guerrilla al oponerse a la nociva política de fumigaciones indiscriminadas del gobierno colombiano y de la administración de los Estados Unidos, como si las víctimas de las fumigaciones no fueran en primera instancia los campesinos que se han visto abocados a plantar coca como única alternativa.
La fiscalía, igualmente, basándose en informes de inteligencia del ejército colombiano y del Departamento Administrativo de Seguridad, sitúa a la ACVC como aparato político de la guerrilla y la sindica de captar dineros de la cooperación internacional para financiarla. Se trata de hacer ver a la cooperación de la Unión Europea como financiadora de las FARC, a través de la ACVC y del Pdpmm, para desvirtuar el actual modelo de cooperación europea de los Laboratorios de Paz y adecuar la cooperación internacional a un nuevo modelo contrainsurgente basado en la estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Comando Sur (ver el documento: "Amistad y Cooperación para las Américas: estrategia del Comando Sur") que plantea un enfoque de colaboración interagencial en materia de seguridad que instrumentaliza la cooperación a través de la política de recuperación militar y social del territorio y de la doctrina cívico - militar de la Acción Integral. En el caso de persecución contra la ACVC, se observa claramente la participación del Centro de Coordinación de Acción Integral, un órgano de la Presidencia de la República donde convergen instituciones civiles y militares colombianas y que cuenta con la asesoría del Comando Sur y de la Usaid.
La ACVC es una organización legalmente constituida, en múltiples ocasiones ha firmado acuerdos con funcionarios públicos de los tres últimos gobiernos de Colombia, después de múltiples movilizaciones y protestas para exigir derechos civiles, políticos, económicos y sociales para el campesinado del Magdalena Medio.
Ante la desatención gubernamental, la ACVC ha promovido varias iniciativas para generar procesos de desarrollo local y regional, ha realizado labores de atención humanitaria en medio del conflicto armado. Esta organización ha tenido como financiadora de sus iniciativas a un número importante de agencias de cooperación internacional y a la Unión Europea a través de su estrategia de Laboratorio de Paz, ejecutada por el Pdpmm.
La ACVC igualmente ha firmado varios convenios con instituciones, universidades, ONG, organizaciones de acompañamiento internacional y gobiernos en su búsqueda de la superación de las causas estructurales del conflicto político, social y armado regional, y el logro de la justicia y la paz.
En su lucha por la tierra la ACVC ha optado por la construcción de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, figura contemplada en la Ley de Reforma Agraria, que busca garantizar un territorio libre de presiones, para que la economía campesina pueda implementarse y generar desarrollo regional. La ZRC propuesta por la ACVC ha encontrado fuertes detractores en las estructuras paramilitares, narcotraficantes, terratenientes, en inversionistas públicos y privados nacionales e internacionales que ven este territorio y sus recursos como un espacio para los megaproyectos extractivos y agroindustriales.
La ACVC es una organización legítima ante su gente, con sus pequeñas realizaciones: llevar brigadas de salud a los enfermos, dotar de seguridad alimentaria con cabras, búfalos y ganado vacuno, construir casas dignas, construir acueductos veredales, atender emergencias humanitarias, hacer caminos, enviar estudiantes a Cuba, operar a enfermos visuales en Venezuela, y sobre todo exigir justicia y un pedazo de tierra para el campesinado. Todo esto ha molestado a poderosos intereses.
Entendemos el acoso judicial contra la ACVC como una confabulación de intereses ajenos al campesinado, que buscan su desestructuración y su desaparición política.
Por lo anterior, exigimos la libertad inmediata e incondicional de los campesinos encarcelados y el desmonte del artificioso proceso judicial que busca acabar con la ACVC.
Convocamos a una campaña nacional e internacional de respaldo a la ACVC, que garantice su participación política y su labor de exigibilidad y defensa de los derechos humanos.
COMPAÑEROS LAMENTABLEMENTE LAS NOTICIAS NO SON ALENTADORASLES ESCRIBIMOS SOBRE LOS ULTIMOS SUCESOSlos campesinos del nordeste antioqueño se declaran en campamentohumanitario de refugio interno.
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra / Domingo 17 de febrero de 2008.
Debido a la constante violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario por parte del estado colombiano y ejecutadas por el Ejército Nacional, los campesinos del nordeste antioqueño se desplazaron a la vereda Puerto Nuevo Ité (LaCooperativa) del municipio de Remedios, conformando un campamento humanitario. El objetivo es proteger sus vidas, es una medida de extrema seguridad para evitar que sigan los asesinatos selectivos, es buscar un refugio porque el ejército, en lo transcurrido del año, haejecutado extrajudicialmente a dos campesinos.
El 15 de febrero de 2008 arribó al caserío la comisión de verificación al nordeste antioqueño, la cual se conformó con representantes de entidades estatales, organizaciones sociales de Antioquia y el Magdalena Medio y por organismos internacionales. Ésta comisión recibió de la comunidad las denuncias de las múltiples violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a la Constitución colombiana, constantes vejámenes en las que se incluyen amenazas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, judicializaciones, persecuciones, robos de sus pertenencias, presiones para firmar documentos de buen trato y extorsiones por parte de la fuerza pública.
El sábado 16 de febrero, habiendo terminando la reunión de la comisión con la comunidad, el ejército ingresa al caserío, los miembros de la comisión le dicen a la fuerza pública que no podía estar dentro del caserío porque es exponer a la comunidad y se estaría violando una delas normas del derecho internacional humanitario, a lo que un soldado del Batallón Calibío respondió de manera muy agresiva: "¡Hijueputa! Si nosotros no podemos entrar, ¿entonces quién puede?". Y como siempre sucede, no quisieron dar sus nombres. "Si ese es el trato que nos dan a nosotros, imagínense cómo deben tratar a los campesinos", se le oyó a un integrante de la comisión.
El domingo 17 ingresan nuevamente al caserío de Puerto Nuevo Ité al mando del coronel Wilson Ramírez Cedeño. No conformes con sembrar terror en el nordeste antioqueño, el ejército pretende "divertir y dar paz" a la comunidad objetivo de sus agresiones, e invitan a loscampesinos refugiados en el sitio y a los habitantes del lugar a asistir al circo llamado acción cívico - militar, con lo que pretenden calmar el dolor de la muerte, terror que ellos mismos causan, con saltimbanquis, instructores de pintura, tal vez uno que otro payaso, que pretenden hacer reír a sus propias víctimas. Esta acción de doble moral la pretenden realizar el miércoles 20, como lo ordenó el coronel al mando de esta tropa militar.
Además están recogiendo documentos firmados "libremente" por algunos campesinos acusando a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y a la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) de ser los desplazadores de campesinos e incitadores a que se queden en el refugio humanitario, continuando así la política uribista de la destrucción y desprestigio de las organizaciones sociales campesinas que luchan por soluciones reales de paz con tierra, vida y trabajo, pues ya hemos denunciado que estos documentos que hacen firmar, como los de "buen trato", se hacen bajo presión, sus armas oficiales empuñadas, algunas veces apuntando las cabezas de los firmantes.
Es sabido ya que a mediados del año 2007 esta comunidad realizó un campamento de refugio humanitario en Puerto Nuevo Ité y posteriormente en la ciudad de Barrancabermeja. La muerte de un joven campesino de 21 años de edad el 25 de marzo del 2007 fue el detonante para que se diera el desplazamiento forzado de estas familias campesinas y el establecimiento del campamento humanitario. Ahora, a febrero de 2008, sucede lo mismo pero tenemos una muerte fríamente calculada y ejecutada por el Batallón Calibío de las Fuerzas Militares: el asesinato del presidente de la junta local de Cahucopana, Miguel Ángel González Gutiérrez, de 23 años. Además, la judicialización de los directivos de la ACVC, líderes naturales del campesinado regional. Y si en el año 2007 el presidente Uribe firmó unos acuerdos para garantizar la vida, trabajo y el territorio del campesinado de esta zona del país, pero estos acuerdos no fueron cumplidos por el gobierno, el presidente los violó, ¿ahora, en el 2008 qué podemos esperar? Ya lo estamos viendo.
La comunidad ha solicitado acompañamiento permanente de las organizaciones sociales en la región, como veedores, como garantes de la vida.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los humanos del mundo, a que miremos la grave situación que se está viviendo en la Zona de Reserva Campesina del valle del río Cimitarra y responsabilizamos al estado colombiano, a sus Fuerzas Militares de cualquier hecho que por su acción ponga en peligro a la comunidad.
No dejaremos de defender y de pensar que una verdadera iniciativa depaz es agraria, es la defensa de nuestra Zona de Reserva Campesina, porque lo que defendemos es el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el derecho a nuestra tierra.
